“La corrupción no es un problema estatal, sino social”

“Si la enfermedad está en la sociedad, la cura, evidentemente, también está allí. De nada nos serviría solo meter preso a un funcionario corrupto, porque vendrá otro y seguirá los mismos procedimientos de corrupción”.

El doctor Percy García Cavero señaló que la corrupción es considerada como una “enfermedad social”, cuya cura no está reducida a las estructuras del Estado. Aseguró que las severas penas de poco o nada han servido y que la solución a este problema se dará con un cambio a largo plazo de la misma sociedad, de las personas que la integran.

El penalista, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, expuso como invitado en uno los seminarios de formación que organiza periódicamente la Facultad de Ingeniería de la UDEP.

Doctor Percy García.

En su exposición ¿Es eficaz la lucha contra la corrupción?, García señaló que es un error pensar que solamente es corrupto el funcionario. “No nos damos cuenta de que el funcionario público es corrupto porque un privado le paga. Y, hay sectores privados, a nivel de la empresa, de la educación, de los medios de comunicación, que tienen el mismo comportamiento; es decir, que toman decisiones en función de recibir un beneficio no merecido”.

Como ejemplos, indicó que hay gerentes que contratan a proveedores a cambio de beneficios, profesores que aprueban a alumnos a cambio de dinero, periodistas que enfocan la información de manera distinta en función de los pagos que puedan recibir: “Entonces esto no es un problema estatal sino social”.

García explicó que la actitud generalizada en la población es que los gobernantes sean los que detengan la corrupción y se realizan marchas de protesta, denuncias y quejas a través de los medios y redes sociales, exigiendo que las autoridades solucionen el problema. Esto ha calado en la sociedad y el Estado ha decidido tomar cartas con un conjunto de modificaciones legislativas y medidas que lo único que han hecho es intensificar el Derecho Penal, formando órganos especializados, jueces y fiscales, procuradurías anticorrupción y el incremento de penas.

Desajuste en proporcionalidad

Las políticas estatales se reducen a la intensificación de la represión penal, dice el penalista. Actualmente, el delito de la colusión agravada en las licitaciones públicas tiene una pena de entre seis a quince años y, si alguien mata a alguna persona, puede tener la misma pena. Matar a una persona dolosamente es menos grave que realizar actos de corrupción. La necesidad de imponer más penas ha generado un desajuste en la propia lógica de proporcionalidad de las leyes penales. Hoy resulta que es más grave ser un corrupto que matar dolosamente a una persona.

García Cavero también se refirió a la muerte civil para todas las personas condenadas por corrupción, que ya no pueden tener acceso a cargos públicos, y a la creación de figuras delictivas nuevas bastante cuestionables en términos de su constitucionalidad, como el enriquecimiento ilícito, en el que se castiga a un funcionario público porque no puede justificar el patrimonio que posee y se le puede condenar hasta con 10 años de cárcel, cuando no necesariamente una persona está en capacidad de probar las cosas. Hay quienes no han sabido documentar su patrimonio o sus ingresos son de fuente informal no declarada, lo cual al final es una infracción tributaria y no un delito, anotó.

“Para los juristas, al margen de todo este problema de la corrupción, siempre ha quedado clara una cosa: en el Derecho Penal pueden haber falsos negativos, pero nunca falsos positivos. Esto quiere decir que se puede dejar libre a un culpable, pero nunca meter preso a un inocente”, expresó.

Agregó: “Cuando construimos tipos penales que lo que hacen es elevar el riesgo de tener falsos positivos, estamos teniendo un sistema penal que, de alguna forma, por meter presos a diez corruptos, encarcela a uno que no lo es o que quizá estuvo inmerso en una situación en la que no era responsable”.

Sobre el tema de lavado de activos, dijo que se ha convertido en el instrumento más duro para los casos de persecución en temas de corrupción. Esto se debe a que se ha configurado el delito de una manera bastante “porosa”: es decir, cualquier cosa puede ser considerada lavado de activos y, además, se ha ido consiguiendo que el Poder Judicial, para mostrar su cara de lucha contra la corrupción, sea muy flexible en la prueba de ciertos requisitos.

Relativismo y corrupción

Todas estas reformas están llevando a un incremento de condenas por delitos de corrupción, pero la pregunta es: ¿Esto ha generado un retroceso en los actos de corrupción? ¿El uso del Derecho Penal ha propiciado algún cambio? La función del Derecho Penal no es prevenir, en el fondo lo que hace es mantener la vigencia de la norma, a pesar de haber sido infringida. Con el Derecho Penal no se va a solucionar el problema de la corrupción.

Lo que debemos hacer es atacar las causas o factores criminógenos que generan la corrupción. En ese sentido, expresó García, se han identificado factores sociológicos como el poco valor de la familia y la religión. Sin familia y sin religión no hay valores, las personas crecen en una situación de absoluto relativismo y de indeterminación de las cosas, lo que las lleva a pensar que las cosas o hechos que todos conocemos como malos, para ellos resulten siendo buenos. Los valores se trastocan.

En los colegios se prioriza la educación técnica a la cívica. Ya no son tan importantes los valores ciudadanos de respeto o de solidaridad. Los jóvenes se forman sin conciencia cívica, lo que genera que no vean al otro como un igual o un conciudadano, sino como un obstáculo o como alguien que pueda maximizar sus beneficios.

También está la idea del éxito asociado a la obtención de mayor riqueza, maximización de los beneficios en las empresas o falta de ética en los negocios. La maximización de beneficios es deseable, pero debe darse en el marco de la legalidad. Finalmente está el manejo político de la administración pública, en la que mucha gente llega solamente a “hacer caso” a quien le llevó a determinado cargo de confianza.

Si nosotros no atacamos estos factores criminógenos, no podremos acabar con la corrupción. Esto significa que debemos aplicar programas de largo plazo, tarea que no solo corresponderá a este gobierno, sino a los tres o cuatro próximos, si se desea tener éxito.